La investigación comenzó con un análisis de la Agenda de Acción de Addis Abeba y el Acuerdo de París y reveló que, si bien esos textos hablaban de compromisos importantes en materia de protección social, inclusión financiera y financiamiento climático, sin embargo faltan los mecanismos de aplicación o parámetros de referencia que podrían asegurar su implementación práctica en la realidad.
La investigación, difundida a través de ONG asociadas en siete países (India, Nepal, Filipinas, Haití, México, Senegal y Kenia), midió el acceso a servicios clave en las categorías de protección social, inclusión financiera y digital y financiamiento climático, y cómo el acceso a estos servicios se han visto afectados por la pandemia de Covid-19.
Los resultados relacionados con los servicios de protección social varían mucho de un país a otro y entre los servicios, registrándose una notable disminución en el acceso a la seguridad social y la atención médica, en Filipinas y México.
Los programas y servicios financieros y digitales en general han mantenido su accesibilidad, lo que demuestra la resiliencia de estos programas/servicios frente a los principales desafíos. El uso de teléfonos móviles y herramientas financieras digitales han demostrado ser eficaces para crear un acceso generalizado a los servicios económicos entre los contactos comunitarios de las ONG entrevistadas; y los países particularmente exitosos en este sector fueron Kenia, México y Filipinas.
Finalmente, la financiación para iniciativas climáticas y programas de resiliencia se redujo drásticamente en los siete países analizados. Esto sugiere que los programas climáticos se encuentran entre los primeros en ser recortados cuando llega una situación de crisis y esto constituye un gran desafío para el desarrollo sostenible a largo plazo.
En respuesta a estos resultados, se han realizado algunos "pedidos" políticos generales, que incluyen: fortalecer la legislación y el financiamiento de los programas de protección social, así como sensibilizar a las ONG y las comunidades sobre los servicios ofrecidos; priorizar la implementación de servicios financieros digitales como método clave para aumentar el acceso financiero para todos; y desarrollar una especie de “resiliencia” a favor las iniciativas climáticas para garantizar que sigan siendo una prioridad constante, incluso frente a desafíos enormes como la pandemia.
